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Magistrados son títeres electorales

Agencias
abril15/ 2018
Tres de los cuatro magistrados que votaron por incluir a Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, en la boleta electoral –Felipe Alfredo Fuentes Barrera, José Luis Vargas y Mónica Aralí Soto Fragoso– fueron apoyados mediante intensos cabildeos en el Senado por quien en 2016 era consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos.
El cuarto magistrado que votó a favor, para hacer la mayoría, fue Indalfer Infante. En octubre de 2016 lo apoyó el entonces coordinador de la bancada del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, así como el magistrado Constancio Carrasco Daza y el ex delegado morenista en Cuauhtémoc y ex senador perredista Ricardo Monreal, quien había impulsado en 2007 a este personaje para incorporarlo al Consejo de la Judicatura.
De los tres magistrados que votaron en contra, dos fueron apoyados por el entonces presidente del Senado, el panista Roberto Gil Zuarth: Felipe de la Mata Pizaña –quien también fue respaldado por la ex senadora priista y actual titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez– y Reyes Rodríguez Mondragón, ex profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), que tuvo también el soporte de la bancada perredista.
VORACIDAD DE PUESTOS
La magistrada presidenta Janine Otálora, quien votó y argumentó contra la polémica decisión a favor de “El Bronco”, llegó con el apoyo del PRD y del PAN. Ella hizo carrera en la Ciudad de México y se vinculó con la ex senadora y actual candidata a jefa de Gobierno Alejandra Barrales, y con Amalia García, ex dirigente nacional perredista y ex gobernadora de Zacatecas.
Según cuentan a Proceso varios de los senadores que estuvieron en la negociación para integrar en 2016 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para los nueve años siguientes, la designación de estos siete magistrados –seleccionados de sendas ternas– estuvo teñida y jaloneada por el reparto de las posiciones entre los tres principales partidos: el PRI y su aliado el Partido Verde; el PAN, que ya estaba fracturado entre calderonistas y anayistas, y el PRD, que se fragmentó un año después, con la salida de 16 legisladores.
“Es un defecto institucional la elección de este Tribunal. Es un error que las ternas provengan de la Suprema Corte y que los actores partidistas que tú vas a juzgar como magistrados sean, al mismo tiempo, quienes te eligen”, afirma Rubén Islas, experto en derecho electoral y asesor de la bancada del PRD, consultado por Proceso.
Las negociaciones en 2016 dejaron al margen al Partido del Trabajo (PT) y a Morena –que no tenía bancada en el Senado– y fueron ampliamente criticadas por académicos y especialistas electorales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del Centro de Investigación y Docencia Económicas y del ITAM.
En una carta enviada al Senado, este grupo de especialistas, encabezados por Hugo Concha, Pedro Salazar, Sergio López Ayllón y Saúl López Noriega, advirtieron que los integrantes de las siete ternas enviadas por el Poder Judicial carecían de “experiencia jurisdiccional especializada en la materia con carrera judicial”.
Red de intereses priistas
Uno de los casos más polémicos fue precisamente el del magistrado ponente de la resolución a favor de Jaime Rodríguez: Fuentes Barrera, quien carecía de experiencia en materia electoral. En 2015 fue impulsado por el consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos, para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero finalmente quedó fuera ante la candidatura de Eduardo Medina Mora, ex procurador general y ex embajador en Estados Unidos.
Fuentes Barrera concentró su trayectoria en el Estado de México. Fue abogado y jefe de la oficina de Asuntos Legales del Instituto Mexicano del Seguro Social y supervisor de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, pero sin ninguna experiencia en materia electoral. Su trayectoria previa en el Poder Judicial fue como secretario de estudio y cuenta en la SCJN (junio 1997), juez de distrito en Tabasco, la Ciudad de México y el Estado de México, y profesor en la Universidad Autónoma del Estado de México.
La ponencia de Fuentes Barrera ante la Comisión de Justicia del Senado para lograr la ratificación como magistrado electoral versó sobre el tema del presupuesto de las autoridades jurisdiccionales electorales. Su propuesta fue reforzar la autonomía presupuestal.
El tema del dinero, que tanto preocupó a este magistrado electoral, no ha pasado inadvertido en el propio tribunal. Es el magistrado que recibe el mayor volumen de recursos: además de sus ingresos por 4 millones 564 mil pesos anuales (380 mil pesos mensuales de salario), recibe cada año 45 millones de pesos para su equipo de 37 personas.
Recibe más recursos que la propia magistrada presidenta, Janine Otálora, quien dispone de 43 millones 673 mil pesos para un equipo de 48 personas.
El otro magistrado que votó a favor del “Bronco” es José Luis Vargas Valdés, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (FEPADE) entre 2010 y 2012 y que terminó confrontado con el entonces presidente Felipe Calderón a raíz de la candidatura de su hermana, Luisa María Calderón, al gobierno de Michoacán.
Vargas Valdés fue apoyado por el PRI y el Partido Verde y duramente impugnado por el senador Ernesto Cordero, colaborador del gobierno calderonista. En un artículo publicado el 28 de junio de 2013 en Nuevo Excélsior, Vargas Valdés acusó de “cínico” a Cordero por “pagar con recursos públicos artículos como el champú para su calvicie o los chicles para disimular el mal aliento”.
Cordero presionó ante Emilio Gamboa Patrón para que Vargas Valdés fuera sustituido por Daniel Francisco Cabeza de Vaca, procurador general durante el gobierno de Vicente Fox, pero su aspiración fue frustrada. De última hora, el también panista Santiago Creel, secretario de Gobernación foxista, apoyó a Vargas Valdés.
Licenciado en derecho por el ITAM, Vargas Valdés analizó en su ponencia ante la Comisión de Justicia el concepto de “determinancia” en materia electoral para la anulación de comicios. Analizó el caso de Colima, donde fueron anuladas las elecciones para gobernador en 2004.
Su interés por Colima no fue casual. Vargas, socio del despacho JL Vargas y Asociados, SC, asesoró en 2015 a Ignacio Peralta, exsubsecretario de Comunicaciones, amigo de Luis Videgaray y candidato priista, para definir la segunda vuelta electoral en las elecciones a gobernador de esta entidad a favor del propio Peralta.
Soto Fragoso tuvo el apoyo del coordinador priista Emilio Gamboa Patrón para ser electa en 2016. Entre 2013 y 2016 se acercó al PRI como magistrada electoral de la Sala Regional de Guadalajara. Fue la primera mujer que integró y presidió esa sala.
Su ponencia ante la Comisión de Justicia del Senado para ser electa magistrada del TEPJF versó respecto a la “acción afirmativa” para garantizar la equidad de género.
Por su parte, Indalfer Infante, apoyado en octubre de 2016 por el PRD y una parte de la bancada del PAN, tampoco tenía experiencia en materia electoral, salvo algunos cursos y diplomados en la FEPADE y en el TEPJF.
Infante Gonzales hizo carrera en el Poder Judicial como secretario de estudio y cuenta en la SCJN, juez de distrito en Tabasco y Morelos, magistrado de estudio y cuenta y presidente de la Comisión de Carrera Judicial en el Consejo de la Judicatura. Su ensayo ante la Comisión de Justicia del Senado aludió a la acción de inconstitucionalidad contra la ley electoral en Morelos por el tema de la falta de equidad de género.
“Premio” a los magistrados
El “reparto de cuotas” entre el PRI, PAN y PRD para elegir a los siete magistrados del TEPJF fue “planchado” por el propio Emilio Gamboa Patrón, líder de la bancada priista, en una jornada tensa. Incluso, la mañana del 19 de octubre de 2016 el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, canceló su comparecencia porque los tres principales partidos no habían logrado ponerse de acuerdo en el reparto de las siete posiciones.
“Debemos tener claro que ésta es la decisión más importante de este Senado. Estamos eligiendo a los máximos árbitros electorales de aquí a los próximos nueve años”, afirmó a Proceso en ese momento el propio Gamboa Patrón.
La bancada del PT, coordinada por Manuel Bartlett, no quiso avalar el reparto de las cuotas. En tribuna, la senadora Layda Sansores ironizó diciendo que no sabía “en qué sótano, cantina o yate se tomó la decisión” y calificó la selección como un proceso “fraudulento, ilegal y dañino”.
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